Nueva publicación de la Fundación para el Debido Proceso Legal

Comparando transparencia

Un estudio sobre acceso a la información en el Poder Judicial

México, D.F., 17 de diciembre de 2007. El impulso que desde el año 2002, se ha dado al acceso a la información en toda América Latina, ha tenido un menor impacto en los poderes judiciales en relación con los poderes ejecutivos. Esta es una de las conclusiones generales de la publicación: Comparando transparencia. Un estudio sobre acceso a la información en el Poder Judicial de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés).

El informe analiza la evolución de la transparencia en los poderes Judicial y Ejecutivo, en seis países de la región: Argentina, Chile, Ecuador, México, Panamá y Perú. Para evaluar dicha evolución se midieron los avances y retrocesos en relación con un momento clave para el desarrollo del acceso a la información en cada país, como la emisión de una ley de transparencia.

Para ambos poderes se analizó el acceso a cinco tipos de datos: 1) información sobre contrataciones de bienes y servicios; 2) información sobre sistemas de designaciones de funcionarios; 3) información sobre sueldos y bienes personales de funcionarios; 4) información sobre resoluciones y expedientes; 5) información sobre reuniones de funcionarios de alto nivel.

En algunos aspectos fue evidente que los poderes judiciales han experimentado avances importantes en materia de acceso a la información, como en la publicidad de sus resoluciones. También se han dado avances evidentes en la transparencia sobre las contrataciones, cuando los concursos públicos están a cargo del propio Poder Judicial.

No obstante los avances, las legislaciones específicas sobre acceso a la información o las que tienen como resultado la promoción de la transparencia, han considerado como principal obligado al Poder Ejecutivo, y dejan sin resolver cuestiones importantes respecto de la publicidad de información generada en el sistema judicial.

Por otra parte, incluso en situaciones en las que la normativa abarcaba a la judicatura, desde los poderes judiciales se han dado pasos para limitar su aplicación, algunos de los cuales fueron revertidos o moderados ante la protesta de la sociedad civil.

El estudio, que se realizó gracias al generoso apoyo de la Fundación Ford, fue presentado hoy en la ciudad de México, D.F., en una actividad organizada conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

La Fundación para el Debido Proceso Legal es una organización no gubernamental sin fines de lucro, con sede en Washington, D.C., que promueve la reforma y la modernización de los sistemas nacionales de justicia en el hemisferio occidental.